Chile es uno de los países que más se ha distinguido globalmente en su lucha contra la epidemia viral, los esfuerzos han sido ímprobos, no ha escatimando ni regateado en medios, tampoco buscado atajos para eliminar o apaciguar al virus invasor, intentando mantener a la totalidad de los chilenos y residentes lo más alejado de la infección.
Nuestro mayor deseo como los de muchos es que en este 2022 por fin pueda ser controlado, permitiendo que la movilidad pueda recuperarse en todas las actividades, particularmente, en las más afectadas, léanse servicios, turismo, tráfico aéreo, etc. Chile ha sido de los primeros en vacunar a los menores de edad, ampliando la inmunidad de la población a porcentajes que ya han superado el 90%.
Emiratos Árabes Unidos alcanzó el 99% de su población inmunizada al menos con una inyección, le siguen Cuba (91,8%), Portugal (90,3%) y Chile (90%). Con pauta completa Emiratos (90,7%) seguido de Portugal, Singapur y Chile (85,6%). Si vemos ahora aquellos con vacuna de refuerzo figura en primer lugar a escala global Islandia (57,9%) seguida de Chile (53%). Por si esto no fuera suficiente ya se habla de una cuarta dosis.
Pasemos a las infraestructuras, vitales tanto para la expansión de la economía chilena como de su productividad. En naciones emergentes como Chile la construcción de estas, su ampliación o su mantenimiento son esenciales para abarcar nuevos destinos dentro y fuera del país. Además, promueven la subida de la inversión privada y claro está, contribuyen a mejorar la competitividad mediante la reducción de costes de producción.
En un reciente estudio “Un Chile inclusivo y con empleos de calidad al 2030”, promovido desde Deloitte junto a la Fundación Democracia y Desarrollo, congregaron a un grupo multidisciplinario, de reconocida capacidad técnica, que han levantado a partir de la interlocución una mirada colectiva traducidas en propuestas y “apoyados en un modelo econométrico que estimara un conjunto de indicadores claves asociados al bienestar de los ciudadanos y de la economía, como la generación de empleo, Producto Interno Bruto (PIB), e ingresos, entre otros” apuntan en el trabajo.
Las conclusiones modeladas en el informe han sido divididas en tres grupos, citamos las siguientes:
Líneas de acción con impacto en inversión: “Incrementar desde 5,7 millones de toneladas a 7 millones de toneladas en 2030 la producción de cobre, lo que requiere concretar inversiones por cerca de 70 mil millones de dólares”.
“Cumplir con el objetivo de llegar a un aporte del 70% de energías renovables en la matriz eléctrica lo que contempla una inversión de 17,9 mil millones de dólares y avanzar en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde requerirá inversiones entre 37 y 45 mil millones de dólares”.
“En infraestructura se consideran inversiones por 70 mil millones de dólares públicas y privadas, incluyendo ferroviarias, logística, embalses, movilidad urbana, agua potable e infraestructura digital y conectividad”.
Líneas de acción con impacto en la oferta de trabajo: “Reducir la brecha de participación laboral de los jóvenes respecto de la OCDE hasta 10 puntos porcentuales”.
“Elevar la participación laboral femenina hasta el promedio de la OCDE o hasta el Top-10 de países de la OCDE, dependiendo del rango de edad”.
Líneas de acción con impacto en la productividad: “Elevar la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) a razón de 0,1% del PIB por año hasta alcanzar 1% del PIB el año 2028. Elevar la producción del sector minero y aumentar el contenido doméstico en la cadena productiva de este sector”.
“Incrementar la oferta de servicios mineros locales a la industria minera global. Reducción de los precios de la electricidad, como consecuencia del avance de Chile hacia una matriz energética más limpia. Una mayor inversión en infraestructura digital”.
“Implementar programas de capacitación que mejoren las habilidades digitales de los trabajadores. Incrementar la colaboración e impulsar la cultura del emprendimiento. Una reducción significativa del déficit habitacional y un mejor entorno también tendría un impacto positivo sobre la productividad”.
Sin duda, la moción de este trabajo es ambiciosa y merece ser considerada por las nuevas autoridades que asumirán el próximo mes de marzo. Las áreas involucradas son múltiples: conectividad e infraestructuras digitales, ferroviario, metro, embalses, logística, agua potables energías renovables, minería, hidrógeno verde, medio ambiente y sobretodo capital humano vital para seguir ascendiendo en la calidad de vida de las personas, entre otras.
Los convenios público-privado han funcionado, generalmente, de forma positiva. Asimismo, el sistema que opera en las concesiones es considerado como política de Estado, va más allá de la administración que rija el país en cada momento. De ahí que si existe consenso en una iniciativa de esta envergadura es probable que Chile alcance metas de desarrollo interesantes. En cualquier caso, para que exista crecimiento no vale solo el volumen de infraestructuras y el valor de las inversiones, sino, además, que estas sean de calidad y eficientes. Por supuesto, la financiación será una de las determinantes principales, a priori existen fórmulas a estudiar y alcanzar acuerdos entre la administración, empresas reguladas y a través de mecanismos de asociación con privados.
Este 2022 deben aunarse fuerzas que permitan avanzar, no en cuestiones ideológicas, sino en soluciones de gran alcance para las personas. Chile debe afianzarse como plataforma para la región y a la vez dar respuesta a las necesidades locales que aglutinen a sus habitantes tras un proyecto común.
Tomás Pablo Roa, presidente ejecutivo de Wolf y Pablo Consultores, S.L
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