El próximo domingo 21 de noviembre tendrán lugar en Chile cuatro elecciones: Presidenciales, de renovación parcial del Senado, la de todos los Diputados y Consejos Regionales.
Como hemos escrito más de una vez, Chile es una de las democracias más antiguas de la era moderna, en la mayoría de índices referido a países con mayor calidad democrática la nación chilena aparece en el grupo de los 20 primeros a escala global y en la región suele figurar tras Canadá y Estados Unidos.
La campaña electoral en marcha discurre dentro del marco de la legislación electoral vigente, vale decir los candidatos de las diversas propuestas partidistas pueden acceder a los medios de comunicación, figuran en las encuestas, participan de los debates políticos, utilizan la publicidad y la institucionalidad fiscaliza al quehacer de las entidades políticas a las que pertenecen, etc. Cualquier participación por sobre el 51% del censo electoral puede considerarse como buena, a pesar de que en las consultas más recientes han estado por debajo de este porcentaje.
Si atendemos al momento presente en el que la ciudadanía debe concurrir a emitir su sufragio afirmamos que son trascendentes para el devenir del país. En efecto, en los últimos tres años Chile ha vivido una tensa situación de violencia ajena a la realidad nacional, que ha ido más allá de manifestaciones sociales legítimas, fogosidad que no se condice con su posición de Estado democrático, emergente y abierto al mundo. A esto debemos añadir los estragos provocados por la pandemia a los que en términos generales las instituciones han sabido y podido responder acertadamente hasta hoy.
De ser el “país del fin del mundo”, alejado de los principales centros de consumo y desarrollo, ha sabido insertarse en las redes internacionales expandiéndose, reduciendo su pobreza, ganando en productividad, mejorando sus infraestructuras y la calidad de vida de su población.
Los votantes informados deben saber que Chile puede seguir mejorando, están cada vez más empoderados para conseguirlo, esto significa mejor educación, acceso a empleos de calidad y dotar a los organismos públicos de nuevos instrumentos que permitan a las familias más vulnerables sortear las dificultades sobrevenidas.
Alcanzar cotas más altas de bienestar es absolutamente viable, requiere de representantes políticos preparados en alcanzar acuerdos, adhesiones y mucha capacidad de adaptación. Ya sabemos que la política es “el arte de lo posible”, aunque otros creamos que es “el arte de conseguir lo imposible”.
Pero…Chile ha caído en una práctica de hacer una clase de política muy peligrosa, propia de Estados totalitarios, o que no siéndolos se dirigen por ese camino, y si no se detiene a tiempo pasa a ser de no retorno. Nos referimos al hecho de convertir al adversario político en un enemigo al que hay que descalificar como sea y donde sea.
Chile demanda una dirigencia política conocedora de su función cualquiera sea la tienda en la que militen y no de activistas que viven del enfrentamiento, la intimidación y la destrucción, cuyo imprevisible desenlace solo acarreara inseguridad, tristeza, dolor, al final nadie gana, la generalidad pierde.
Refiriéndonos a la arista social en la que pretenden refugiarse los violentista era algo posible de prever desde hace mucho por los gobernantes de entonces y ahora, quienes lo sabían en vez de ponerlo sobre la mesa de negociaciones y buscar las soluciones más adecuadas lo aprovecharon como arma arrojadiza contaminando la atmósfera de entendimiento generando un escenario insostenible.
Dicho con otras palabras, la búsqueda del bien común es lo que procedía, esto va más allá de las ideologías con las que cada uno se sienta identificado, los electores están agotados de conversaciones espurias, la pluralidad busca la tranquilidad propia y la de su familia.
De este modo, el reto es que los principales órganos del Estado: Presidencia, Congreso Nacional y Consejos Regionales, mantengan la estabilidad institucional, transmitan seguridad jurídica y vuelvan a contar con la confianza ciudadana a través de acciones y obras concretas.
Hace siete días nos referíamos al excelente resultado que Chile coronara este 2021 en el crecimiento de su PIB, entre un 11% y un 12,5%. El asunto es que para 2022 y 2023 los vaticinios hablan de 1,5% anual y los más optimista lo sitúan en un 3,5%. Está claro que estas proyecciones son debidas más a la cuestión política y no a lo económico.
Los analistas esperan de los elegidos la “priorización del empleo”, poniendo el acento en el trabajo formal. Otros esperan una vuelta de la armonía a las entidades desde donde si dirige Chile, esto podría lograr una inversión “robusta” de 2022 en adelante y especialmente acallaría los “focos de incertidumbre” dentro y fuera del territorio chileno. Señalan como indispensable conocer los cambios, particularmente en qué áreas habrán “transformaciones significativas. Curiosamente en los programas y debates habidos entre los candidatos el gran ausente ha sido el tema del crecimiento, indican. En cambio, “destacan el mayor gasto fiscal, reforma tributaria y la entrega de mayores accesos a bienes y servicios públicos y escasas medidas para el crecimiento” citando a uno de ellos.
Al concluir, comentar que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) publicó el catastro “Inversión en la minería chilena- cartera de proyectos 2021-2030” que considera los proyectos que las empresas mineras contemplan materializar en el próximo decenio. El nuevo informe habla de 68.925 millones de dólares, comprende 51 proyectos.
Quizás, estas votaciones sean el momento oportuno para los chilenos de apearse del vehículo que los ha traído hasta aquí desde 2019 y desandar parte de la ruta hasta llegar al cruce donde tomaron la carretera equivocada y volver a reanudar el recorrido con una mirada país.
Tomás Pablo Roa, presidente ejecutivo de Wolf y Pablo Consultores, S.L
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