El compromiso de Chile con la inversión extranjera directa (IED) es total, una muestra es la agenda de simplificación regulatoria promovida por las autoridades, esta busca derogar normas ya obsoletas aliviando la carga administrativa jurídica de chilenos e inversores foráneos.
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sitúa a Chile como uno de los países con mayores dificultades funcionarias para formalizar los procedimientos establecidos al momento de poner en marcha un proyecto de inversión, algo insólito si nos atenemos al alto número de inversiones establecidas en el país en los últimos cuarenta años.
Hace ahora casi un año que el Ministerio de Economía chileno creó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), entre sus cometidos asisten a los impulsores de iniciativas inversoras a lo largo de la formalización de los requerimientos exigidos en las diversas instancias, actuando a modo de coordinador entre los promotores y las oficinas evaluadoras.
La propia OCDE se encarga de recordar que si Chile situara sus requisitos normativos a la altura de las naciones más desarrolladas, estiman que la IED crecería por encima del 40%, significando más puestos de trabajo y mejores retribuciones.
Al día de hoy existen registrados en GPS 253 emprendimientos en fase de tramitación por un monto de 71.680 millones de dólares que crearían más de 80 mil empleos de calidad.
A modo de ejemplo aquí van algunas situaciones. Minería. Conocedores de la situación hablan de más de 2.000 regulaciones susceptibles de ser empleadas en este ramo. Agregan la exigencia de 270 permisos sectoriales y 113 clases de obras, instalaciones y actividades que pueden identificarse en una mina. Estiman el tiempo destinado a las aprobaciones preceptivas en casi el doble de otros enclaves mineros como Canadá o Australia.
Sigamos. En el área de infraestructuras las aprobaciones según expertos en estas materias pueden alcanzar las 180. Sugieren perfeccionar las diligencias y disminuir el número de visados. Se sugiere centralizar algunos. Los hay ambientales hasta los demandados para usar una vía pública. Cumplir con todo puede llegar a los 4,5 años lo cual impacta de lleno en el comienzo previsto con los costos que esto acarrea.
Inmobiliario. En el caso de las construcciones de viviendas los permisos pueden llegar a sumar 130. Los permisos de edificación están tomando períodos más largos a causa de cuestionamientos de los que ha sido objeto el propio sector, de ahí la cautela observada en el área pública. Los permisos de edificación, otorgados por las direcciones de obras municipales (DOM), el tiempo real promedio es de 76 días, casi el doble que el rango de entre 15-30 legal. Proponen ir hacia la digitalización, tal como se hace en ciudades más avanzadas que otorgan las anuencias en forma electrónica.
Otra anomalía mencionada es el aumento de los plazos de las diligencias a cumplir en contraposición con lo establecido en el reglamento correspondiente. Esto es constatable en la resolución de calificación ambiental a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la tardanza hasta 600 días, siendo de 120 el apuntado en la ley, es decir, cuatro veces más.
El responsable de la Oficina GPS, informó en el seminario "Inversión, Productividad y Economía del Futuro" organizado por Icare y la cartera de Economía, "hoy en día los proyectos de inversión no se demoran menos de 5 años en tramitarse y los inversionistas muchas veces tienen que hacer más de 1.700 tramites en 20 instituciones gubernamental distintas".
De ahí las palabras del Presidente de Chile al presentar la agenda de simplificación regulatoria, "hemos decidido limpiar, simplificar y achicar la verdadera maraña de normas, regulaciones y disposiciones que afectan prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano", dijo.
Además, se crea un plan de revisión y derogación, que cada 4 años debe examinar las leyes vigentes, para adecuarlas o para proponer su derogación al Congreso Nacional, y esto con la colaboración de varios Ministerios. Finalmente, se propone que al momento de legislar nuevas normativas, los responsables evalúen los impactos económicos, sociales y ambientales, que afecten a una pronta ejecución de las proposiciones recibidas.
Tomás Pablo Roa, presidente ejecutivo de Wolf y Pablo Consultores, S.L.
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